Roberto Molina
La ley SB1070 promulgada hace unos días por la gobernadora Jan Brewer en el estado de Arizona, sin duda revive los tiempos de persecución, racismo y xenofobia hacia los inmigrantes.
Si bien es cierto que nunca se les ha dejado de molestar, es cierto también que con la promulgación de esta ley se criminalizará a miles de compatriotas y de otros países, cuya estancia en ese nación no se ha legalizado y se abre la puerta al odio y al abuso de poder.
Bastaría la sola sospecha “razonada” para que los agentes puedan detener a cualquier persona para revisar sus documentos, es decir color de piel, estatura y rasgos propios de la raza serian motivo suficiente que llamaría la atención, y en consecuencia procederían a detener a cualquier ciudadano con estas características.
Esta ley es anticonstitucional a todas luces, pues viola la cuarta enmienda constitucional de ese país que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias.
Sin embargo, lo que se busca realmente es generar toda una corriente de odio por parte de los grupos de la derecha hacia los inmigrantes, y poner el dedo en la íes de las políticas migratorias.
Llama la atención que pocas voces se han escuchado para denunciar este tipo de abuzo, y lo peor es que los responsables de la política exterior del país actúan timoratos ante un asunto de estado.
¿A que le apuestan?, estos vende patrias, seguramente a que pasen los días y como de costumbre los mexicanos tengamos que aceptar esta nueva afrenta.
En tanto en el estado de Arizona muchas son las voces que ya se han dejado escuchar, como las de los 300 pastores que se opusieron a dicha enmienda.
Ahora la batalla se concentra en los tribunales por parte de grupos de derechos humanos y organizaciones sociales, quienes han interpuesto ya numerosas demandas tanto en las cortes estatales y federales.
Las cuales sin duda empezaran a consumir millones de dólares.
Por lo pronto son los mismos Americanos los que han iniciado la defensa de nuestros compatriotas, ya que los mexicanos aún no hemos podido resolver el caso de los niños muertos en la Guardería de Hermosillo, los muertos del Tecnológico de Monterrey y ya encarrerados el caso Paulette, que dicho sea de paso se le ha dedicado mayor tiempo en los medios nacionales, que a la ley racista que tenemos en puerta.
La ley SB1070 promulgada hace unos días por la gobernadora Jan Brewer en el estado de Arizona, sin duda revive los tiempos de persecución, racismo y xenofobia hacia los inmigrantes.
Si bien es cierto que nunca se les ha dejado de molestar, es cierto también que con la promulgación de esta ley se criminalizará a miles de compatriotas y de otros países, cuya estancia en ese nación no se ha legalizado y se abre la puerta al odio y al abuso de poder.
Bastaría la sola sospecha “razonada” para que los agentes puedan detener a cualquier persona para revisar sus documentos, es decir color de piel, estatura y rasgos propios de la raza serian motivo suficiente que llamaría la atención, y en consecuencia procederían a detener a cualquier ciudadano con estas características.
Esta ley es anticonstitucional a todas luces, pues viola la cuarta enmienda constitucional de ese país que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias.
Sin embargo, lo que se busca realmente es generar toda una corriente de odio por parte de los grupos de la derecha hacia los inmigrantes, y poner el dedo en la íes de las políticas migratorias.
Llama la atención que pocas voces se han escuchado para denunciar este tipo de abuzo, y lo peor es que los responsables de la política exterior del país actúan timoratos ante un asunto de estado.
¿A que le apuestan?, estos vende patrias, seguramente a que pasen los días y como de costumbre los mexicanos tengamos que aceptar esta nueva afrenta.
En tanto en el estado de Arizona muchas son las voces que ya se han dejado escuchar, como las de los 300 pastores que se opusieron a dicha enmienda.
Ahora la batalla se concentra en los tribunales por parte de grupos de derechos humanos y organizaciones sociales, quienes han interpuesto ya numerosas demandas tanto en las cortes estatales y federales.
Las cuales sin duda empezaran a consumir millones de dólares.
Por lo pronto son los mismos Americanos los que han iniciado la defensa de nuestros compatriotas, ya que los mexicanos aún no hemos podido resolver el caso de los niños muertos en la Guardería de Hermosillo, los muertos del Tecnológico de Monterrey y ya encarrerados el caso Paulette, que dicho sea de paso se le ha dedicado mayor tiempo en los medios nacionales, que a la ley racista que tenemos en puerta.
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